Madrid.- Un grupo de empresarios integrados en la sociedad Air City Madrid Sur han resucitado el proyecto del aeropuerto de Madrid Suroeste abandonado por el Gobierno de la Comunidad madrileña y promueven la idea de poner en marcha un segundo aeropuerto de Madrid en el área que actualmente ocupa el aeródromo toledano de Casarrubios del Monte, en el límite entre las Comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid.
La empresa promotora fue constituida en febrero del pasado año bajo la presidencia de Josep Piqué Camps, que fuera ministro del Gobierno de José maría Aznar, presidente de Vueling y consejero de EADS, ahora Airbus Group. Desde el pasado mes de julio preside la sociedad Gregorio Marañón Bertrán de Lis. Su consejero delegado es Javier Ruedas Carvajal.
El objeto social de la empresa es “la promoción, gestión y explotación de toda clase de infraestructuras aeroportuarias, incluidas las zonas de uso industrial, terciario o dotacional asociadas a tales infraestructuras”.
El proyecto de un segundo aeropuerto para Madrid fue puesto en pie siendo presidenta regional madrileña Esperanza Aguirre, a cuyo fin creó la sociedad Aeropuertos de Madrid, con capital 100% de la Comunidad. El proyecto contemplaba la construcción de un aeródromo en la localidad madrileña de El álamo, al Suroeste de Madrid y limitando con el pueblo manchego de Casarrubios.
En marzo de 2012, Aguirre liquidó la sociedad Aeropuertos de Madrid y el aeropuerto regional de El álamo quedó aparcado. Ignacio González, sucesor de Aguirre, intentó recuperar el proyecto abandonado, pero tampoco consiguió moverlo del limbo en el que se encontraba. Finalmente, el Gobierno de Cristina Cifuentes dio el carpetazo definitivo a la idea de sus antecesores de construir un aeropuerto comercial en el Suroeste de Madrid.
Ahora, el actual presidente madrileño, ángel Garrido, se ha mostrado satisfecho de que un grupo empresarial presente su intención de impulsar un segundo aeropuerto comercial en la región, pero ha subrayado que la última palabra sobre esta infraestructura la tiene el Gobierno central.
