Bruselas.- La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad para determinar si el préstamo estatal de 900 millones de euros a la aerolínea Alitalia constituye una ayuda estatal y cumple con la normativa comunitaria de ayudas estatales a empresas en dificultades.
Margrethe Vestager , comisaria responsable de la competencia, dijo al respecto: "La Comisión tiene el deber de garantizar que los préstamos a las empresas por los Estados miembros cumplen con las normas de la UE sobre ayuda estatal. Nuestra investigación determinará si este es el caso de Alitalia".
Alitalia es una aerolínea italiana perteneciente al consorcio Compagnia Aerea Italiana (CAI), con el 51% de las acciones, y Etihad Airways, con el 49% restante. La compañía atraviesa dificultades financieras desde hace años. Este martes hace un año que el personal de Alitalia rechazó un plan de ahorro, por lo que los accionistas decidieron no proporcionar fondos adicionales a Alitalia. El 2 de mayo de 2017, Alitalia se colocó bajo el régimen de administración extraordinaria previsto por la Ley de Bancarrota Italiana.
Con el fin de financiar a Alitalia durante la Administración Extraordinaria, el Estado italiano otorgó un préstamo puente de 600 millones de euros a Alitalia en mayo de 2017. En octubre de 2017, este préstamo se incrementó en un importe adicional de 300 millones de euros. Los administradores extraordinarios también iniciaron un procedimiento de licitación para encontrar un comprador para los activos de Alitalia.
En el pasado mes de enero, Italia notificó todas las ayudas estatales de 900 millones de euros como ayuda de salvamento con arreglo a las normas de la UE en materia de ayudas. Esto siguió a las quejas recibidas por la Comisión en 2017 de que el préstamo era una ayuda estatal y no compatible con las normas de la UE en este ámbito.
La Comisión opina actualmente que este préstamo estatal podría constituir ayuda estatal. Ahora continuará investigando si el préstamo cumple con las condiciones establecidas en las pautas. A la Comisión le preocupa que el plazo del préstamo, desde mayo de 2017 hasta al menos diciembre de 2018, exceda la duración máxima de 6 meses permitida por las directrices. Además, la Comisión tiene dudas sobre si la ayuda se limita al mínimo necesario.
La Comisión debe continuar su investigación para determinar si estos temores iniciales se confirman o no. La apertura de una investigación en profundidad brinda a todas las partes interesadas la oportunidad de comentar sobre la medida. No prejuzga el resultado de la investigación.
Se puede considerar que la intervención del gobierno en favor de las empresas no constituye una ayuda estatal en el sentido de las normas de la UE, siempre que se realicen en condiciones que un operador privado, guiado por los criterios del mercado habría aceptado (el llamado principio del inversor en una economía de mercado).
Si no se respeta este principio, estas intervenciones constituyen ayuda estatal en el sentido del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , porque proporcionan al beneficiario una ventaja económica de la que sus competidores no disfrutan. Los criterios para evaluar la intervención pública en favor de las empresas en dificultades se establecen en las directrices de ayuda.
