Luxemburgo.- La financiación, por parte de la Unión Europea, de los elementos tecnológicos del Cielo único Europeo (CUE) asciende hasta ahora a 730 millones de euros, aunque se espera que alcance los 3 800 millones de euros en 2020.
La iniciativa del CUE, dirigida a mejorar la gestión del tránsito aéreo en la UE, ha dado lugar a una mayor cultura de eficiencia. Sin embargo, la gestión del espacio aéreo europeo sigue estando fragmentada y el CUE como concepto aún no se ha materializado, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo.
Para examinar la iniciativa, los auditores visitaron ministerios estatales, proveedores de servicios de navegación aérea y la autoridad nacional de supervisión de cinco Estados miembros (España, Francia, Hungría, Suecia y el Reino Unido), así como partes interesadas fundamentales en el campo normativo, operativo e industrial.
Las constataciones fueron que el CUE estaba justificado porque la gestión europea del tránsito aéreo se veía obstaculizada por la fragmentación y una serie de monopolios nacionales. La política es coherente y pone el punto de mira deficiencias, pero los cambios en los patrones de tránsito hicieron que las metas de alto nivel marcadas al inicio se volviesen en parte inalcanzables y en parte irrelevantes.
“El transporte aéreo es un importante componente del mercado interior de la UE, que promueve la movilidad de personas y mercancías impulsando al mismo tiempo el crecimiento económico”, señala George Pufan, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, quien añade que “está claro que el mercado único europeo aún no se beneficia de la existencia de un cielo único”.
Las tarifas de navegación no han bajado sustancialmente y los retrasos del tránsito aéreo han vuelto a aumentar, afirman los auditores. Los actuales bloques funcionales de espacio básicamente proporcionan un foro para la cooperación entre partes interesadas de Estados vecinos, pero han resultado ineficaces contra la fragmentación, ya sea en la gestión del espacio aéreo, la prestación de servicios o las adquisiciones.
La función atribuida a las autoridades nacionales de supervisión choca con que no siempre son plenamente independientes y, en algunos casos, no cuentan con los recursos necesarios. Según los auditores, ha resultado difícil alcanzar acuerdos entre la Comisión y los Estados miembros, especialmente en los ámbitos de capacidad y rentabilidad. Además, algunos indicadores no reflejan aspectos pertinentes de rendimiento.