Barcelona.- Ante el laudo de obligado cumplimiento impuesto en el conflicto de Eulen, CCOO estudia poner una demanda judicial contra la actuación del Gobierno del Estado por supuesta vulneración de los derechos fundamentales de huelga y de negociación colectiva, según hizo público este jueves.
Por otra parte, CCOO y UGT reiteran también la necesidad de que el Gobierno convoque cuanto antes la mesa sectorial propuesta para analizar y poner solución a la situación que viven los vigilantes de seguridad, mejorando sus condiciones laborales en el conjunto del Estado, garantizando contrataciones públicas adecuadas a la especificidad del sector.
CCOO y UGT han advertido de la necesidad de dar solución global e inmediata a la situación de deterioro que vive el conjunto del sector de la seguridad privada, no sólo en las grandes infraestructuras, sino también en el resto de los centros de trabajo del país, donde los bajos salarios, las horas extras no remuneradas, la duplicidad de tareas, la mala planificación del trabajo y el progresivo empeoramiento de las condiciones laborales con cada cambio de empresa adjudicataria del servicio, son reglas generalizadas en todo el sector.
Por todo ello, ambos sindicatos consideran imprescindible que las patronales sectoriales APROSER, FES y UAS, que reúnen a las empresas más importantes, den un paso al frente en la defensa del sector y se sienten a negociar seriamente una salida pactada que permita poner soluciones a los problemas que hoy en día viven los vigilantes de seguridad.
También convocan a las patronales a exigir al Gobierno la apertura de la mesa sectorial que permita un análisis global de la situación del sector y que, entre otras cosas, ponga fin a las diferencias existentes en las condiciones laborales en los centros de trabajo pertenecientes a las administraciones públicas.
Por esta razón, CCOO y UGT consideran que es imprescindible que el Gobierno realice una correcta aplicación de la Directiva Europea de Contratación Pública, la que se ha aplicado con más de un año de atraso mediante la Ley de Contratación Pública e inicie diálogo con las organizaciones sindicales para la elaboración de su Reglamento, que dé garantías de servicio de calidad, donde los requisitos técnicos ganen peso respecto al factor precio y el respeto a las obligaciones salariales del convenio colectivo del sector o de seguridad social por parte de la empresa venga recogido en los propios pliegos de licitación, elemento este que es imprescindible para sacar el sector de la espiral de deterioro progresivo donde está inmerso.
Igualmente, CCOO y UGT reclaman que sea aprobado el Reglamento de desarrollo de la Ley de Seguridad Privada, recogiendo las aportaciones efectuadas desde los sindicatos y que este Reglamento, como complemento eficaz de la Ley, evite las ambigüedades normativas que únicamente fomentan el intrusismo , la competencia desleal y el deterioro de una actividad tan importante en estos momentos por el conjunto de la ciudadanía como es la seguridad privada complementaria de la seguridad pública.
Finalmente, CCOO y UGT advierten, tanto al Gobierno como a las patronales sectoriales, que si no se ve una voluntad real para consensuar el futuro del sector, con mejoras tangibles y generalizadas para todos los trabajadores y las trabajadoras, iniciarán a partir de septiembre, de manera conjunta y creciente, movilizaciones en todos los centro de trabajo donde haya presencia de vigilantes de seguridad privada para que sean atendidas sus reclamaciones.
