Barcelona.- El Síndic de Greuges de Cataluña o Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, está supervisando la actuación de las administraciones implicadas en el conflicto del aeropuerto de El Prat, a las cuales se ha dirigido recientemente, para poder emitir su resolución.
Desde que comenzó el conflicto, el Síndic se ha interesado por el agravio que la situación está conllevando para los viajeros, tanto turistas como demás pasajeros, y ha llevado a cabo un seguimiento del caso.
En primer lugar, se pretende averiguar la responsabilidad del gobierno español en cuanto a la posible mala administración y afectación de derechos. A raíz de lo que se califica como un ejemplo de mala administración y falta de gobernanza, el Síndic recuerda que nos hallamos ante un conflicto laboral en relación con un servicio público que afecta a los derechos de la colectividad. Por este motivo se ha puesto también en contacto con el Ministerio de Fomento a fin de conocer las medidas previstas para favorecer el diálogo entre la empresa concesionaria y los trabajadores. Asimismo, ha puesto la situación en conocimiento del Defensor del Pueblo.
En segundo lugar, se analizan las condiciones de seguridad del aeropuerto. En este sentido, Ribó ha considerado un hecho contradictorio y muy grave que las grandes colas que se producen en torno al control de seguridad establecido de acuerdo con los estándares internacionales del transporte aéreo pongan en riesgo la seguridad de los pasajeros. Por ello, ha preguntado también al Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar para evitar este colapso.
En tercer lugar, se ha realizado un análisis de los derechos laborales y de los derechos de la ciudadanía. En esta línea, el Síndic se ha interesado por las condiciones laborales del personal encargado del control de seguridad del resto de aeropuertos del Estado. En este sentido, ha solicitado cifras sobre el tráfico de personas en el aeropuerto del Prat y sobre la proporción de trabajadores con referencia al movimiento de personas y vuelos para poder contrastar si se adecúa a las necesidades existentes.
También se ha hecho eco de las condiciones laborales abusivas denunciadas por los trabajadores del control de seguridad del aeropuerto, contratados por la empresa Eulen. En concreto, ha solicitado información al Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña sobre las actuaciones que se han puesto en marcha para garantizarles el derecho de huelga sin vulnerar el derecho de los pasajeros a viajar.
Por último, el Síndic también se ha dirigido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, insistiendo en que, a pesar de la necesidad de que todas las administraciones implicadas asuman responsabilidades, deber quedar claro sobre quien recae la responsabilidad de la gestión del aeropuerto y decidir si es oportuno un cambio en este sentido, como reclamaban representantes de la sociedad catalana en un acto en 2007 bajo el título “El aeropuerto de Barcelona: infraestructura clave para el futuro de la economía catalana”.
Las actuaciones del Síndic en cuanto a la defensa de los derechos del transporte aéreo son cada vez más frecuentes, especialmente en temporada de vacaciones, cuando numerosas personas ven vulnerados sus derechos. Recientemente ha investigado el control de pasaportes y un incidente de la compañía Vueling. Con referencia a esta compañía, también había intervenido el verano pasado por la acumulación de maletas en los aeropuertos.
