Bruselas.- La Comisión Europea ha flexibilizado este miércoles su normativa en materia de competencia y ayudas estatales y ahora permite que los Estados miembros efectúen inversiones públicas en aeropuertos regionales que gestionen un tráfico anual de hasta 3 millones de pasajeros con plena seguridad jurídica y sin control previo por parte de Bruselas.
Ello facilitará la inversión pública en más de 420 aeropuertos en toda la UE (lo que representa aproximadamente el 13% del tráfico aéreo).
El Reglamento permite asimismo a las autoridades públicas financiar los costes de explotación de los pequeños aeropuertos que gestionan un tráfico anual de hasta 200.000 pasajeros. Estos aeropuertos de pequeño tamaño representan casi la mitad de todos los aeropuertos de la UE, pero solo el 0,75 % del tráfico aéreo. Aunque pueden contribuir de forma significativa a la conectividad de una región, es poco probable que falseen la competencia en el mercado único de la UE.
La Comisión Europea, a raíz de dos consultas públicas, ha aprobado este miércoles nuevas normas sobre ayudas estatales que excluyen del escrutinio previo de la Comisión determinadas medidas de ayuda pública destinadas a los aeropuertos. El objetivo perseguido es facilitar la inversión pública en favor de la creación de empleo y el crecimiento, protegiendo al mismo tiempo la competencia.
La comisaria Margrethe Vestager, responsable de la Política de Competencia, ha declarado: “Queremos garantizar que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado único y queremos hacerlo con la mayor eficiencia posible. Las normas sobre ayudas estatales de la UE son las mismas para todos los Estados miembros. Los cambios aprobados hoy ahorrarán a estos últimos tiempo y problemas a la hora de invertir en los aeropuertos de la UE, protegiendo al mismo tiempo la competencia. Permitirán asimismo a la Comisión centrar su atención en aquellas medidas de ayuda estatal con mayor impacto sobre la competencia dentro del mercado único, concediendo a cada cosa la importancia que merece realmente en beneficio de los ciudadanos europeos en su conjunto".
El «Reglamento general de exención por categorías» de 2014 autorizó a los Estados miembros a aplicar una amplia gama de medidas de ayuda estatal sin necesidad de obtener la autorización previa de la Comisión, al ser poco probable que provoquen un falseamiento de la competencia. Como consecuencia de ello, en la actualidad alrededor del 95% de las medidas de ayuda estatal aplicadas por los Estados miembros no están sujetas a autorización (lo que representa, colectivamente, un gasto anual aproximado de 28 000 millones EUR). Por ejemplo, desde 2014, el número de notificaciones de ayudas estatales en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación se ha reducido a la mitad (véase el Marcador de ayudas estatales de 2016).
