Madrid.- El Gobierno ha decidido suspender sine die la privatización de Aena. Todas las pantallas anuncian que el vuelo de la empresa pública gestora de los aeropuertos españoles cuyo aterrizaje en Bolsa estaba previsto para el próximo día 12 de noviembre lleva retraso. Lo que está por ver es si el rótulo “delayed” es pronto sustituido por el de “cancelled”.
La demora confirmada tras la negativa del Consejo de Ministros del pasado viernes al visto bueno de la operación podría convertirse en un aplazamiento de cinco o seis meses, como mínimo, si el Gobierno no decide finalmente otra cosa.
Al parecer, las diferencias existentes en el seno del Gabinete, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y el criterio de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno y de la Abogacía del Estado han llevado al Ejecutivo a suspender la salida a Bolsa de Aena hasta el próximo año, dando tiempo para la convocatoria del concurso público para elegir al auditor que otorgue la carta de conformidad de las cuentas reflejadas en el folleto de la colocación. Demasiados y poderosos enemigos para una privatización que, para muchos, se ha hecho deprisa, deprisa.
Según los expertos, la próxima “ventana” u oportunidad desde el punto de vista de condiciones económicas para una salida a Bolsa se situaría en primavera, hacia mediados de abril. Lo que ocurre es que para aquel entonces estaremos inmersos en campaña electoral ante los comicios municipales y autonómicos, y no parece, políticamente hablando, ocasión muy propicia para acometer la mayor privatización de una empresa pública en los últimos 16 años.
Los más pesimistas estiman que el actual intento de privatización de Aena podría correr la misma suerte que el anterior o la frustrada salida a Bolsa de Loterías del Estado, ambos procesos cancelados hace tres años, en momentos pre-electorales entre la salida del anterior Gobierno socialista y la llegada del actual Ejecutivo del PP.
Hablando de la salida a Bolsa de Aena, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguraba esta semana: “Es cuestión de días”. Claro que no decía de cuántos. Puede ser cosa de 150 días, si se confirma en el mejor de los casos que sólo se trata de un vuelo “delayed”. Por su parte, desde el Ministerio de Fomento y Aena, que mantenían contra viento y marea el próximo día 12 de noviembre para la salida a Bolsa, dieron orden ayer por la tarde de cancelar todas las campañas publicitarias en las que se anunciaba que “salían pronto a Bolsa”.
Estaba previsto que PwC, auditor de las cuentas de Aena, fuera el encargado de emitir también la carta de conformidad que debía acompañar el folleto informativo de la OPV a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como ha sucedido en otras privatizaciones. Pero ahí parece radicar la piedra del tropiezo. Lo ocurrido con Bankia y su auditora Deloitte podrían aparecer en el espejo retrovisor del Ministerio de Economía y Competitividad.
Los informes jurídicos encargados por el Departamento que dirige Luis de Guindos apuntan y subrayan la necesidad de convocar un concurso por el procedimiento negociado para elegir el auditor al tratarse de una compañía pública. Esto conllevaría un plazo más o menos largo, aun cuando resultase adjudicataria del concurso la propia firma auditora actual de Aena, PwC.
Y ahora surgen las preguntas: ¿Por qué no se hizo ésto a su debido tiempo? ¿Cómo ha podido producirse semejante fallo con tanto asesor contratado, con tantos consejeros, con tantos servicios jurídicos, económicos y contables al servicio de la privatización? ¿Por qué tanta prisa? Y ¿cuánto ha costado económicamente y en la imagen de España en los mercados este tropiezo? Y, sobre todo, ¿quién o quiénes son los responsables del mismo?
