Un secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE), el último legalmente contratado por dicha corporación de derecho público, según sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), reclama una indemnización importante por impedirle en 2007 un decano ilegal el acceso a la sede del colegio profesional y el desarrollo normal de sus funciones.
Un Juzgado de Madrid ha admitido a trámite la demanda y ha fijado el juicio para dentro de un mes. De prosperar la acción emprendida por el ex secretario general, serían muchas las resoluciones judiciales falladas en contra del COIAE con cuantiosos daños económicos y de imagen consecuentemente causados a esa corporación por un decano ilegal que, sin embargo, durante tres años se arrogó las funciones y la disposición de fondos colegiales que no le correspondían, según han fallado los jueces.
Numerosos miembros de ese colectivo profesional no se explican cómo la actitud de un colegiado declarada ilegal por sentencia firme del TSJM y sus comportamientos reiteradamente condenados por la Audiencia Nacional y diversos Juzgados de lo Contencioso-administrativo, civil y penal y que han supuesto tan desmesurado coste para las menguadas arcas del COIAE en un periodo de crisis económica tan agudo hayan sido premiados con la pasividad y el silencio de toda una corporación. “¿Por qué se ampara tanta ilegalidad cometida durante tres años? ¿Por qué no se piden cuentas?”, se preguntan algunos de esos colegiados.
Apenas hay quien encuentre explicable que el COIAE pagara los 12.000 euros con que fueron sancionados por la Agencia de Protección de Datos el decano ilegal y su adjunto para todo saltándose a la torera una sentencia firme de la Audiencia Nacional que declaró indiscutible “la responsabilidad de los sancionados a título personal” y exoneró de todo pago al COIAE. Al igual que otras multas impuestas por el Ministerio de Industria a los mismos personajes.
Para este año que el COIAE prevé un déficit de 256.584,21 euros, resulta irritante para muchos de sus miembros “el millón largo de euros en que algunos estiman el coste para el colectivo ocasionado por los inexplicados e inexplicables contratos de vigilantes de seguridad, de detectives de la agencia Método 3, de adjunto al decano, de pseudoperiodistas y falsos ‘comunicadores visuales’, de abogados, de un secretario ilegal y de los llamados ‘conciertos musicales organizados por su mujer, entre otros, amén de las indemnizaciones por rescisiones arbitrarias e ilegales de contratos y las sanciones impuestas por su responsabilidad individual y pagadas por todos los colegiados durante la gestión del decano ilegítimo”, según señalaron algunos de esos colegiados a este diario.
“La pregunta es: ¿por qué se fueron de rositas los culpables? ¿Por qué no se ha procedido contra tanta impostura? ¿Por qué nadie ha exigido responsabilidades?”, indica manifiestamente indignado un nutrido grupo de colegiados decepcionados que no aciertan a explicarse cómo el COIAE no ha reaccionado aún ocho años después de lo ocurrido. “¿Por qué el Colegio no hace algo? ¿Por qué los colegiados no hacemos algo? ¿O es que sólo interesa seguir pagando la cuota pasivamente hasta dejar que el COIAE se hunda y desaparezca?”, se preguntan esos mismos colegiados.
El que rompe paga. Los efectos han sido devastadores. Los hechos se han considerado probados. Está claro quién fue el autor del entuerto, quién o quiénes han sido los responsables del descalabro y los desperfectos, quién ha desprestigiado al Colegio y ha hecho trizas famas y honores de profesionales y compañeros. En reiteradas ocasiones y por sentencias firmes los jueces han identificado a quienes destrozaron la vajilla y pisotearon sus restos por el suelo. Pero, ¿quién paga ahora los platos rotos?
