Madrid.- Los aeropuertos españoles están desde hace algún tiempo en el punto de mira de la Comisión Europea, que escudriña la financiación cruzada en la red aeroportuaria con trasvase de beneficios de los más rentables a los inevitablemente deficitarios, a través de la caja común del monopolio aeroportuario de la empresa pública Aena, según Bruselas.
La legislación europea en materia de competencia, como es bien sabido, persigue los monopolios, tanto públicos como privados o semiprivados, como es el caso, hoy por hoy, de Aena desde la salida a bolsa del 49% de sus acciones. Bruselas viene presionando desde hace tiempo a la Administración española para que cese la actual situación, tal y como ha podido saber este diario de fuentes solventes.
En España, la red de Aena está integrada por 46 aeropuertos y 2 helipuertos. De ellos, 28 en este año récord de tráfico de pasajeros para Aena no han registrado ni el millón de pasajeros
en los once primeros meses del año. Siete de éstos han alcanzado de enero a noviembre entre 400.000 y el millón de viajeros. Por otros seis aeródromos pasaron entre 140.000 y 400.000 viajeros. Y en 15 aeropuertos no llegaron siquiera a los 36.000 pasajeros en lo que va de año, según datos de Aena.
Partidarios de la privatización total de Aena verían, sin duda, en esa operación de enajenación, además de la oportunidad de recuperar una cantidad significativa con la que reducir el déficit público, la ocasión para desprenderse de todos esos aeropuertos financiados con la caja única de Aena y, así, de alguna manera, eludir la presión de Bruselas.
Hay quienes incluso aplaudirían una decisión como ésa alegando que supondría menos impuestos a pagar por los sufridos ciudadanos. Otros aducen que esos pequeños aeropuertos, en su mayoría de una dimensión provincial o regional, podrían ser cedidos a las respectivas comunidades donde están ubicados. Pero esto no sería sino otra forma indirecta de aumentar la carga impositiva sobre todos los españoles.
Por otro lado, no por ello la Aena privatizada y despojada del lastre de los aeropuertos menores perdería su naturaleza monopolística. Y si la legislación europea persigue el monopolio público no es más condescendiente con el privado. Lo saben muy bien empresas como Telefónica que lo vivieron antes y después de su privatización.
En el Reino Unido, la Comisión británica de la Competencia obligó en su día al gestor aeroportuario de Heathrow, BAA -hoy HAH-, liderado por el grupo español Ferrovial, a vender los aeropuertos londinenses de Gatwick y Stansted, y uno escocés, Glasgow o Edimburgo.