Madrid.- Cinco años después del cierre del espacio aéreo español, 20 de los 22 juzgados que abrieron procesos penales contra los controladores por el caos aéreo en 2010, han archivado las causas al estimar que no hubo abandono de los puestos de trabajo, ni “acción conjunta y concertada de todo el colectivo” y sólo queda la resolución del conflicto en Madrid y Baleares.
Según el sindicato de controladores Usca, los autos judiciales emitidos durante estos cinco años desestiman la responsabilidad de los controladores aéreos en los hechos juzgados y como es el caso del de Santiago de Compostela sentencian que “el espacio aéreo no se cerró por falta de controladores, sino por una decisión de Aena que impone el Rate 0″.
En cuanto a la causa todavía abierta en Palma de Mallorca, el Juzgado de Instrucción número 1 decretó en febrero de 2014 el sobreseimiento libre. La Audiencia Provincial la reabrió centrando las nuevas diligencias en aspectos médicos.
En Madrid, la Audiencia Provincial tiene que resolver sobre los escritos de apelación presentados contra el auto de transformación, en el que el juez mantiene la imputación de 120 controladores del Centro de Control de Torrejón, después de que la causa haya pasado por 10 jueces distintos.
La abundante documentación que obra en poder de estos juzgados confirma que los controladores estaban operativos en la tarde del 3 de diciembre de 2010 y que nunca abandonaron sus puestos de trabajo.
Usca está convencida de que los procesos en Palma de Mallorca y Madrid tendrán el mismo desenlace que en los otros 20 juzgados españoles, eximiendo de responsabilidad a los controladores aéreos, al ser iguales los hechos juzgados, ya que, como menciona el auto de archivo de Santiago, ratificado por la Audiencia Provincial de A Coruña, en relación al cierre del espacio aéreo: “estamos ante una decisión política de quien tenía competencia para ello”.
