Madrid.- CCOO de Industria, MCA-UGT y la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) muestran su preocupación por las posibles consecuencias -nacionales e internacionales- que puede acarrear el nuevo recurso contra la normativa que atiende el pago de los Programas Especiales de Armamento (PEA’S).
Se trata de un sector 3,6 veces más productivo que la media nacional -cada euro invertido en defensa genera 2,5 euros de actividad económica-, que contribuye con el 0,5% de PIB y genera 20.000 puestos de trabajo directos. El pasado año facturó 4.800 millones de euros, invirtió un 10% de lo facturado en I+D+i y exportó un 67% de lo producido.
MCA-UGT y CCOO de Industria comparten con TEDAE que España necesita desarrollar una política de Estado para la Defensa que se manifieste en el marco de un acuerdo político estable, que trascienda las legislaturas, al mismo tiempo que se consoliden compromisos interministeriales para abordar toda la problemática que rodea al sector de seguridad y defensa, incluyendo la necesidad de abordar un protocolo de actuación para atraer a la sociedad en el esfuerzo por impulsar al sector de Defensa en general y a su industria en particular.
En un comunicado conjunto, sindicatos y patronal establecen: “Nuestro sector necesita del Estado y de las administraciones continuidad y claridad, porque así lo exigen los largos procesos de inversión, de desarrollo y de amortización de nuestros productos y servicios. Pero, sobre todo, lo que necesita es la certeza de que los productos y servicios que se compren, se puedan pagar en un escenario previsible. Y para ello es preciso contar con una normativa que establezca un marco de referencia financiero para los Programas de Defensa que:
– Resulte del acuerdo a largo plazo de las fuerzas políticas y se extienda más allá de una legislatura.
– Articule un sistema en el que la necesaria estabilidad se combine con la flexibilidad que exige la gestión económica anual, determinando así los niveles máximo y mínimo de compromiso presupuestario plurianual y dejando a cada Gobierno la fijación del esfuerzo anual entre esos niveles.
– Establezca un procedimiento parlamentario de control/seguimiento anual de la propuesta y de la ejecución de los Programas de Defensa”.
