Madrid.- El Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA) ha denunciado en una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Senado “el intrusismo de pilotos y técnicos de mantenimiento que gozan de plaza en la Administración Pública o el Ejército y, además, ejercen en el sector privado de helicópteros civiles”.
Aportando un amplio recopilatorio de pruebas y documentos, la representación del SLTA trasladó a los senadores “su preocupación ante el incremento de estos casos de intrusismo que tanto dañan al sector”.
“Estos hechos suponen una ilegalidad manifiesta por contravenir la normativa nacional en cuanto al régimen de incompatibilidades y llevan produciéndose desde hace varias décadas ante la total pasividad por parte de los organismos competentes. No sólo la ley se ve infringida, sino que esta doble actividad puede comprometer seriamente la seguridad de las operaciones aéreas, debido a que resulta imposible hacer un seguimiento de la actividad de los pilotos y mecánicos de helicópteros”, explica el sindicato.
“Eso impide comprobar si estos han rebasado el límite de días y horas de trabajo establecidos para garantizar el correcto descanso de las tripulaciones y mitigar la aparición de la fatiga, un factor de riesgo sumamente importante para desencadenar un accidente aéreo. Asimismo, este tipo de ilegalidades ha supuesto una degradación de las condiciones laborales, con una bajada de salarios generalizada, pérdida de puestos de trabajo y cierre de escuelas”, añade.
Ante estos hechos, la Comisión de Defensa del Senado se ha comprometido con el sindicato a investigar y realizar las acciones necesarias pertinentes para terminar con estas actividades. Una de las primeras medidas será pedir la comparecencia de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) para que explique por qué no se han puesto los medios necesarios para hacer seguimiento de estos casos, indicaron desde el SLTA.
El índice de mortalidad de pilotos de helicóptero en España se eleva a 261 fallecidos por cada 100.000 trabajadores o, lo que es lo mismo, 80 veces mayor que la media nacional, por lo que es un trabajo que requiere de una especialización y dedicación exclusiva, indica el sindicato que ha trasladado al Senado su criterio de que “militares, funcionarios y personal del Estado, como servidores públicos que son, deben actuar ejemplarmente como garantes y defensores de la legalidad y abstenerse de realizar este tipo de actos inspirados en el ánimo de lucro y el interés personal que, además, comprometen el prestigio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con una imagen negativa ante la opinión pública”.
