Las Palmas.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos del Gobierno canario contra los acuerdos del Consejo de Ministros que dieron vía libre a la privatización de Aena, así como su petición de suspensión cautelar de la OPV, según anunció ayer el portavoz Martín Marrero, al término de la reunión del Consejo de Gobierno.
Conforme al ejecutivo regional, el Supremo desestimó las alegaciones del Ministerio de Fomento, por lo que “continúa la batalla en el frente jurídico para evitar este expolio a Canarias",
Por otra parte, Marrero indicó que en la Audiencia Nacional se tramita la denuncia por no haber convocado la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, solicitada hace ya más de medio año para abordar la gestión de los aeropuertos de la Comunidad canaria, conforme al Estatuto de Autonomía.
Ya en el Folleto informativo de la OPV se recoge entre los riesgos “relacionados con Aena y su negocio” que “el Gobierno de Canarias ha solicitado la competencia ejecutiva sobre la gestión de los aeropuertos canarios”. Y también que “ Aena está y podrá continuar estando en el futuro expuesta a un riesgo de pérdida en los procedimientos judiciales o administrativos en los que está incursa”.
El Gobierno de Canarias pidió al Tribunal Supremo a finales del pasado mes de enero la suspensión cautelar del proceso privatizador del 49% del capital social de Aena, al menos en lo que concierne a los aeropuertos del Archipiélago, según anunció el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Ejecutivo autonómico, Domingo Berriel.
En comunicación a la Comsión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del pasado día 10, Enaire, matriz de Aena, apuntó que “el Gobierno de Canarias ha presentado un escrito de ampliación del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de julio de 2014, mediante el cual se autorizó a Enaire a iniciar la venta de hasta 49% del capital social de Aena”.
“En la ampliación del recurso contencioso-administrativo el Gobierno de Canarias solicita como medidas cautelares la exclusión de los aeropuertos de interés general situados en Canarias del inmovilizado patrimonial que integra el patrimonio de Aena y la incorporación de la información relativa a la interposición del recurso en el Folleto”, continuaba la comunicación.
“Enaire entiende que la referida solicitud de medidas cautelares carece de fundamento legal y de posibilidad de estimación. En el Folleto se daba cuenta de la reclamación del Gobierno de Canarias y esta nueva circunstancia no constituye un factor significativo relativo a la información ya contenida en el Folleto susceptible de afectar a la evaluación de los valores”, concluyó la empresa pública
La providencia del Tribunal Supremo desautoriza el criterio de Enaire y pone en evidencia uno de los riesgos de la operación de privatización de Aena.
