Madrid.- El Ministerio Fiscal acusa a 119 controladores aéreos de un delito de abandono de servicio público y pide se les condene a pagar una multa, además de los billetes y gastos derivados de la cancelación por el cierre del espacio aéreo en Diciembre de 2010, según publica hoy el diario El Mundo.
El escrito de la Fiscalía de Madrid, al que ha tenido acceso el diario madrileño, solicita un año de suspensión de empleo y multa de 75.000 euros para siete dirigentes del sindicato mayoritario Usca.
A juicio del Ministerio Público coordinaron “al margen de cualquier convocatoria formal de huelga” el abandono masivo de los puestos de trabajo, lo que desembocó en el cierre del espacio aéreo en el puente de la Constitución de 2010. Entre estos acusados se encuentran los entonces presidente y portavoz del sindicato mayoritario, Camilo Cela, y Cesar Cabo, respectivamente. Para el resto de controladores, la Fiscalía pide una multa de 60.000 euros.
Según el rotativo citado, el delito aplicado por la fiscal del caso a la cúpula de la Usca establece que “a las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público se les castigará con la pena de multa de ocho a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.
El Ministerio Público estima que los 119 acusados deberán hacer frente al coste de los billetes de los 1.450 vuelos que fueron cancelados. “Dichas cancelaciones produjeron perjuicios al servicio público que presta Aena y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación. Los vuelos afectados fueron no sólo aquellos que tenían origen, destino o escala en Madrid, sino también aquellos que partiendo desde otros lugares su ruta sobrevolaba el espacio aéreo controlado desde el ACC de Madrid”.
El escrito señala a Aena como responsable civil subsidiario, lo que supone que el ente, ahora en fase de privatización, podría acabar pagando las indemnizaciones impuestas a los controladores. En la vía administrativa Aena había conseguido librarse de pagar al estimar que no pudo prever el abandono masivo, una tesis que rechaza la Fiscalía.
Por su parte, la principal acusación particular, ejercida por el despacho Cremades-Calvo Sotelo en representación de más de 10.000 afectados, eleva la cuantía de las multas, pide que la suspensión de empleo sea de dos años y, a diferencia del fiscal, reclama 10.000 euros por daños morales a cada afectado. Su estimación del total reclamado alcanza los 127 millones de euros.
En un auto del pasado mes de marzo, el juez del caso indicó que los hechos podían castigarse como un delito de sedición de la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea, lo que suponía penas de cárcel. Sin embargo, la Fiscalía y la principal acusación particular lo han descartado, si bien alguna otra acusación así lo mantiene, según fuentes del caso. La Fiscalía también ha resuelto no acusar por falsedad documental en relación con los partes de baja presentados, otra vía que dejó abierta el juez.
La causa está ahora en manos de la Audiencia de Madrid, que debe resolver los recursos en los que las acusaciones piden llevar a más controladores al banquillo y las defensas, que se siga la pauta de otros juzgados de España y se archive.
