Tenerife.- El Gobierno de Canarias exigirá ante el Tribunal Supremo la suspensión cautelar del proceso privatizador del 49% del capital social de Aena, al menos en lo que concierne a los aeropuertos del Archipiélago, según anunció el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Ejecutivo autonómico, Domingo Berriel.
Ya la propia gestora aeroportuaria, en su folleto informativo de la OPV advierte de “entre los riesgos relacionados con su negocio” que “el Gobierno de Canarias ha manifestado su intención de solicitar la competencia ejecutiva sobre la gestión de los aeropuertos canarios”.
Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha solicitado a la Comisión Europea que se pronuncie sobre la adecuació o no al derecho comunitario del régimen aeroportuario recogido en la Ley 18/2014, por la que se da vía libre a la privatización de Aena, tal como recoge el propio folleto informativo..
El consejero canario ha dicho que "el Estado pretende vender lo que no es suyo" en referencia al artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se incluyen textualmente dentro de las competencias de ejecución de la Comunidad Autónoma, los puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa.
Berriel recordó que, desde el inicio del proceso de privatización, el Gobierno de Canarias ha manifestado al Estado su desacuerdo con la privatización parcial de AENA, en lo que respecta a los aeropuertos de una Comunidad, reconocida como Región Ultraperiférica por la Unión Europea, entre otros factores, por la especial dificultad de sus habitantes en la conectividad con el resto del territorio europeo, agravada en el caso de Canarias por su condición de Archipiélago y, por tanto, por su territorio fragmentado, que convierte a la infraestructura aeroportuaria en fundamental para la cohesión social, además de estratégica para el desarrollo económico.
La Comunidad Autónoma ha planteado al Ministerio de Fomento que la fórmula de gestión de sus aeropuertos debería ser parecida a la de las Autoridades Portuarias, con participación del Estado, las Administraciones autonómicas y locales y de los principales operadores y sindicatos. Sin embargo, el consejero asegura que el Ministerio de Fomento, "nunca ha querido iniciar un diálogo en esa línea y se ha limitado a vender el patrimonio de todos, sin consultar ni tan siquiera informar al Gobierno autonómico".
Ante estos acontecimientos, Domingo Berriel recuerda que el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado martes, 12 de enero, el inicio de las negociaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administrativa, para trata de resolver las discrepancias entre ambas al respecto del derecho del Estado a privatizar los aeropuertos canarios, como paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
Además, hace sólo una semana, el día 15 de enero, la Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el silencio administrativo que se produjo ante el requerimiento, de 17 de octubre de 2014, del Gobierno de Canarias al Consejo de Ministros, de modificación del acuerdo de 11 de julio de ese año, mediante el que se autorizó a Enaire a iniciar la venta del capital social de Aena.
