Madrid.- El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), ha emitido una dura respuesta a la propuesta de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) que, según aquella, “no es compatible con el marco normativo establecido por el legislador y presenta carencias para considerarla aplicable”.
La CNMC lanzó el pasado mes de diciembre un proceso público de consultas, cuyo plazo expira el próximo viernes, proponiendo una metodología para el cálculo de las prestaciones públicas patrimoniales de Aena diferente del que actualmente se lleva a cabo y que, en caso de aplicarse, las necesidades de recuperación de costes, vía prestaciones públicas patrimoniales, serían inferiores. Según dicha metodología, la base de costes regulatorios se vería disminuida un 3,7%, calculado sobre los datos incluidos en la propuesta realizada por Aena durante el proceso de consulta para el establecimiento de las tarifas de 2015.
En opinión de la DGAC, “la CNMC, en la definición de sus procesos de consulta, debería respetar siempre los preceptos establecidos en el marco normativo aplicable, establecidos por el legislador a instancias del regulador sectorial, función ésta que, obviamente, no recae en la CNMC”.
“La DGAC considera que la CNMC debería retirar su propuesta, primero, por no ser coherente con el marco legal; segundo, por no ajustarse al objetivo para el que se propone; tercero, por carecer de precedentes y soporte teórico; cuarto porque su estimación tiene carencias e incorrecciones técnicas relevantes; y, finalmente, porque se aplica de forma parcial y sin suficiente transparencia”.
“De acuerdo a la Ley 18/2014, corresponde a la DGAC elaborar el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y elevarlo ante los órganos competentes del Ministerio de Fomento para su posterior aprobación en Consejo de Ministros”, concluye la respuesta de Aviación Civil.
Por otra parte, según Aena, la entidad pública gestora de los aeropuertos españoles también está elaborando sus observaciones a la propuesta de la CNMC “sobre la premisa de que el actual cálculo de las prestaciones públicas patrimoniales es acorde a la legislación vigente establecida por ley y que la asignación de costes entre las actividades reguladas y no reguladas ha sido auditada”.