Madrid.- El Consejo de Ministros del pasado viernes bajo la presidencia de su titular, Mariano Rajoy, ha dado su visto bueno a la privatización del 49% de la empresa pública gestora de los aeropuertos españoles, Aena Aeropuertos, que ya anunció cuatro años antes el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre las variantes de privatización de Aena, Magdalena álvarez, la ministra de Fomento del primer Gobierno de Rodríguez Zapatero había fijado en un 30% el tope de “entrada del capital privado”, como eufemísticamente llamaron a la operación.
Su sucesor en el Departamento, José Blanco, hace exactamente cuatro años, el 16 de junio de 2010, anunció en el Pleno del Congreso de los Diputados que “el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está dispuesto a abrir un debate sobre la posibilidad de ceder al capital privado más del 30% de Aena, al que está limitada la propuesta inicial del Ejecutivo”
“Estamos dispuestos a hacer un debate sobre este tema sereno, racional y positivo para los intereses del país”, dijo el ministro. Pero, aun en el caso de que se ampliara la participación privada, Blanco garantizó el control público de la red de aeropuertos gestionada por Aena.
Pocos meses más tarde, concretamente el 1 de diciembre de 2010, el Gobierno socialista había hecho ya sus primeras cuentas sobre el dinero que aspiraba a ingresar por la privatización parcial de Aena y el presidente Rodríguez Zapatero anunció que “el Consejo de Ministros dará este viernes el pistoletazo de salida a la venta del 49% de la sociedad y la aspiración del Ejecutivo es lograr hasta 9.000 millones de euros con esa privatización parcial”.
En la misma sesión plenaria, el entonces vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, en respuesta a una pregunta del Grupo Popular, abundó en que “con la decisión de privatizar parte de Aena se conseguirá reducir deuda, tener más margen de maniobra presupuestaria y de esta manera dedicarse, por ejemplo a políticas activas de empleo".
Y en efecto, dos días más tarde, el Consejo de Ministros, a propuesta de hasta 6 miembros del Gabinete, aprobó el “Real Decreto Ley 13/2010 de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo”, bajo cuyo farragoso título se incluía un capítulo dedicado a la “Modernización del sistema aeroportuario”. En la exposición de motivos, se decía: “La nueva estructura empresarial -de Aena- que se establece permite la consecución del objetivo de dar entrada al capital privado, si bien manteniendo en todo caso el carácter estatal de la sociedad, lo que supone el control de la mayoría de su capital”.
Las valoraciones internas que manejaban entonces en el Ministerio de Fomento apuntaban con optimismo a que los activos de Aena tenían un valor total de unos 30.000 millones de euros. A esa cifra habría que restar los 12.000 millones de endeudamiento que arrastraba la sociedad estatal. Con ello, el valor de las acciones de Aena una vez que se convirtiera en sociedad mercantil podría rondar los 18.000 millones, de modo que el 49% equivaldría a algo menos de los 9.000 millones de euros, según los cálculos ministeriales de entonces.
Fomento preveía entonces una colocación privada entre grandes fondos de inversión en infraestructuras antes que por una salida a Bolsa, aunque la decisión no estaba tomada. Los analistas cuestionaban que hubiera inversores dispuestos a aceptar esa valoración, más aún sin participar en la gestión, puesto que el Estado iba a seguir manteniendo la mayoría del capital de Aena y, por ende, en su Consejo de Administración.