Madrid.- “La prohibición del uso del español en las comunicaciones aeronáuticas puede reducir la conciencia situacional de las tripulaciones y controladores aéreos españoles cuando no se encuentre involucrada una aeronave extranjera, pudiendo disminuir por tanto los niveles de seguridad operacional”.
Con esta contundencia, las principales asociaciones españolas de pilotos y controladores de tráfico aéreo (Aep, Apcae, Aprocta, Copac, Sepla y Usca) han expresado en una misiva su disconformidad con la futura implantación, por parte de las autoridades aeronáuticas españolas, de una ley que prohíbe el uso del español en todas las comunicaciones entre las aeronaves y las torres y centros de control aéreo de España.
La carta responde a la reciente decisión de las autoridades aeronáuticas de solicitar a las compañías aéreas españolas su colaboración para implantar el inglés como único idioma operacional en las comunicaciones ATC (las que se desarrollan entre los pilotos y los controladores aéreos).
Una iniciativa que vendría acompañada próximamente de un cambio en la normativa para que el uso exclusivo del inglés se haga por imperativo legal. Un hecho sin precedentes en la aviación civil internacional, más si cabe, cuando el español es un idioma reconocido por la OACI, Organización de Aviación Civil Internacional, desde su fundación, en 1944.
En la carta, dirigida al director general de Aviación Civil, ángel Luis Arias, y a la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Isabel Maestre, los dos colectivos profesionales afectados por esta medida reconocen la conveniencia del uso del inglés en la frecuencia, pero únicamente cuando haya involucrada una aeronave extranjera cuya tripulación no conozca el idioma español, tal y como recomienda la OACI. “En ningún caso –insisten- debe implantarse de manera general en todas las situaciones”, esto es, cuando únicamente hay tripulaciones españolas en el espacio aéreo, porque cabe la posibilidad de que genere problemas de seguridad aérea hasta ahora inexistentes.
Nadie mejor que los profesionales de la aviación para determinar qué métodos son más seguros para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y de los pasajeros, máxime cuando no hay constancia de que se haya realizado un análisis de gestión de riesgos ni recomendación alguna al respecto por parte de la Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes de Tránsito Aéreo (Ceanita).
Todas las organizaciones firmantes de la carta dirigida a las autoridades aeronáuticas forman parte de grupos de trabajo en diversos comités de expertos de la agencia de seguridad, AESA, por lo que debe ser en el seno de esos comités donde se diluciden las necesidades que, en materia de seguridad aérea, deban ser implantadas en el espacio aéreo español, al estilo del proceder de los países de nuestro entorno.
