Madrid.- Un juez de Madrid ha acordado continuar las diligencias abiertas contra 117 controladores aéreos, por un delito de abandono de funciones públicas en relación con un delito de sedición, y a 8 miembros de la directiva de USCA por incitar al colectivo de forma "evidente y precisa" al abandono de sus funciones en el 'plante' que derivó en el caos aéreo de 2010.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, Francisco Javier Teijeiro, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, da un paso previo a sentar en el banquillo a los encausados, entre los que figuran el entonces presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Camilo Ramón Cela, y su portavoz, César A. Cabo, así como Daniel Zamit, por su actuación como portavoz aunque no formara parte de la dirección del sindicato
El magistrado sobresee provisionalmente la causa respecto de otros denunciados y traslada su decisión tanto a la Fiscalía, como a las acusaciones particulares, para que formulen escrito de calificación, solicitando la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa si procediere y, excepcionalmente, la práctica de las diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación.
La USCA había solicitado en el pasado mes de diciembre el archivo de las diligencias sobre el supuesto abandono de sus puestos de trabajo durante los primeros días de diciembre de 2010, lo que provocó, según Aena, el cierre del espacio aéreo.
En el escrito, el abogado del sindicato de USCA, José Antonio Choclán, pidió el sobreseimiento de la causa y el archivo de las actuaciones aún pendientes contra los controladores aéreos de Madrid, por entender que "no hubo ningún plante" por parte del colectivo y que el cierre del espacio aéreo fue una decisión "unilateral" de Aena.
El magistrado señala que siguiendo "en todo momento las directrices del sindicato" y "ejecutando las decisiones adoptadas y concertadas" por los controladores reunidos en asamblea, en el Hotel Auditórium de la capital, presentaron de forma mayoritaria los formularios sobre disminución de capacidad psicofísica y manifestaron verbalmente que "solo atenderían los vuelos a controlar según el Convenio de Chicago (vuelos de estado, militares y de emergencias), alegando una supuesta situación de ansiedad y presión psicológica, que de ningún modo se acreditó".
Esta actuación de manera "coordinada e imprevisible" y en "muy escaso periodo temporal", condujo al "inevitable cierre del espacio aéreo español con declaración de estado de alarma, provocando una situación de caos generalizada en los aeropuertos españoles al verse inevitablemente afectado todo el tráfico aéreo a causa de la suspensión y cancelación de múltiples vuelos con origen y/o destino en el territorio nacional".
Esto a su vez, apunta el auto, generó "una grave situación de conflicto entre los múltiples pasajeros afectados al haberse programado de forma deliberada para que coincidiera con el inicio de un puente festivo y ante las previsiones de un inmediato cambio normativo en sus condiciones laborales".
Además, señala la exigencia de responsabilidad que debe atribuirse a los responsables de USCA por incitar de forma "evidente y precisa" al abandono de sus funciones a los controladores aéreos con servicios asignados, según las conversaciones telefónicas transcritas en el auto.
Para el magistrado no es cierto que el cierre del espacio aéreo fuera una decisión de los responsables de Aena ajena a la voluntad del colectivo, sino que aun siendo una competencia reservada a la entidad pública, su decisión "aparece directamente vinculada al abandono de sus puestos de trabajo" y "a consecuencia de la concertada actuación de los trabajadores".
