Palma de Mallorca.- Una juez de Palma de Mallorca dictó auto de sobreseimiento y archivo de las actuaciones seguidas contra 22 controladores del aeropuerto de la ciudad por los hechos ocurridos a primeros de diciembre de 2010, que provocaron la paralización del tráfico aéreo.
Según dicha resolución, los hechos instruidos no fueron constitutivos del delito de sedición por el que estaban imputados. La juez considera que los hechos constituyen "un abandono impropio" y que, en el ámbito civil, se podría afirmar que lo ocurrido fue "un fraude de ley por haberse utilizado una vía oblicua" para alcanzar "un fin prohibido por el ordenamiento jurídico, la huelga ilegal", pero no es extensivo al ámbito penal y por tanto no es un hecho delictivo.
El auto recuerda que tras la publicación el 3 de noviembre de 2010 de un real decreto que perjudicaba a las condiciones de trabajo de los controladores, entre sesenta y setenta profesionales de Palma se reunieron en asamblea. Sobre el hecho de que después los controladores empezaran a sentirse indispuestos para trabajar, la magistrada señala que "no existen indicios suficientes para determinar el contenido exacto del acuerdo ni si fue solo tomado por varios y luego obtuvo, de hecho, la adhesión o seguimiento de otros, o si fue puramente espontáneo y contagioso".
Detalla que de los 23 controladores que debían prestar servicio en el turno sobre el que se abrió esta causa, 19 alegaron disminución de capacidad, uno estaba en situación de incapacidad temporal y el resto se presentaron y trabajaron.
El auto reconoce "el concierto previo de todos o la mayor parte de los imputados para, en actitud de protesta, abandonar el servicio, sabiendo que iban a perturbarlo del modo más grave". Pero puntualiza que "difícil resulta hablar de abandono en el sentido de apartamiento del lugar, de falta de disposición a las órdenes recibidas, de renuencia a su cumplimiento, de falta o suministro de explicación, de negativa, indisciplina, etc".
Son ya numerosas las resoluciones judiciales falladas en distintos juzgados favorables a los controladores y que supuso que el Gobierno decretara el cierre del espacio aéreo español y la militarización del control en los primeros días de diciembre de 2010.
