Estimados compañeros: Quizás a más de uno le extrañe que entre en liza en un debate electoral que, según opiniones basadas en el derecho administrativo, sería nulo. Sin embargo, no me puedo callar a la vista de la candidatura encabezada por Pedro Pablo Cubells, principal colaborador indiscutible de Antonio Martín Carrillo, causante de los años negros en que ha vivido el Colegio desde enero de 2007.
A este respecto, me veo en la obligación de recordar que por sentencia del TSJM, dicho Antonio Martín Carrillo fue cesado cautelarmente “conforme a derecho” el 11 de diciembre de 2006 por la Junta Directiva y definitivamente por una Junta General extraordinaria el 24 de enero de 2007; por lo que su presencia como sedicente decano hasta las elecciones de febrero de 2010 fue un acto nulo. Sobre los que vinieron después no voy a entrar, no viene al caso.
Pedro Pablo Cubells le acompañó en la candidatura de junio de 2006 como tesorero. Dado que no fue elegido, Antonio Martín Carrillo, que sí lo fue como decano, le contrató diversos trabajos y le “compensó” con pagos arbitrarios. Entre sus colaboraciones estuvieron el primer intento de asalto a la sede colegial, que terminó sin éxito, y la invasión facilitada por la connivencia de un empleado del propio colegio, en los mismos momentos en que la Junta General confirmaba el cese de Carrillo. Finalmente, éste consiguió que fuese nombrado secretario general, para lo cual incluso tuvo que haber más de una votación en la ya sedicente Junta Directiva. También vale recordar que el Colegio le pagó la multa que le impuso la Agencia de Protección de Datos que le sancionó con falta grave por sus acciones contra miembros de la Junta Directiva y el secretario general. La lista podría alargarse, pero no vale la pena, y para el que tenga dudas todo ello está documentado.
Estimo, aunque comprendiendo que algunos puedan tildar mi opinión como subjetiva, que una persona con ese currículo no debería tener ni la osadía de presentarse a unas elecciones. Creo, sinceramente, que no puede ser decano-presidente de todos los colegiados quien ha sido sancionado por falta grave contra varios compañeros por la Agencia de Protección de Datos. Además, entiendo que Cubells ha sido sentenciado conjuntamente (¿implícitamente?) con Martín Carrillo, cuyo cese, además de ajustado a derecho, como dice el TSJM, lo fue por “causa nada baladí”, como dijo en otra sentencia la Audiencia Nacional.
No obstante, existe la posibilidad de que lograra llegar a ostentar el cargo de decano, situación que a mí me avergonzaría, y con toda seguridad a muchos otros compañeros también. Por todo lo anterior voy a hacer dos recomendaciones:
La primera, ruego encarecidamente a todos mis compañeros que eviten el recurso a la indiferencia y al pasotismo. Una parte de todo lo sucedido en los últimos siete años se debe a esas actitudes. Esta vez deberían hacer llegar su voto para que no se repitan situaciones ignominiosas. Es la única salida.
La segunda, al autoproclamado decano en funciones, aunque lo haya conseguido por el procedimiento de cerrar puertas y colocar vigilantes, demostrando así ser un buen alumno de Martin Carrillo. Como convocante de estas elecciones, también le rogaría encarecidamente que vigile estrechamente la limpieza del proceso electoral; que ponga su empeño en evitar que se suplanten identidades. Luego, una vez proclamada la nueva junta, tanto él como el secretario deberían dimitir; su vinculación con el pasado les convertiría en cuerpos extraños en una directiva que quiera renovar la vieja casa.
Finalmente, más de uno se preguntará qué voy a hacer yo, cuáles son mis intenciones. La contestación en muy sencilla. Estoy cansado; he visto el quehacer de la justicia en el denominado derecho administrativo, cómo los expedientes iban de un tribunal a otro en un proceso casi sin fin; he sufrido persecución personal, incluso con recursos judiciales financiados por el propio Colegio. Y después de todo, cómo tras una sentencia judicial que confirmaba el correcto proceder en la destitución de Martín Carrillo, la propia justicia no procuraba los medios de ejecutar esa sentencia. Es más, tras la dimisión de la mayor parte de la Junta anterior y la toma por la fuerza de la sede colegial por un exiguo resto, no he encontrado el apoyo en la demanda de amparo para que aquella se cumpliese; los escritos puestos a la policía y bancos no han dado ningún fruto. Parece que, según el citado derecho administrativo, el colegio, como ente público, tiene la competencia de la autotutela, lo cual me parece una entelequia.
Además, para las nuevas generaciones todo lo sucedido les puede sonar a “las guerras de nuestros antepasados”, poco útiles en un proceso de renovación, revitalización, o refundación, que es absolutamente necesario para afrontar el incierto futuro del Colegio.
Sin embargo, a pesar de mirar al futuro, traigo a colación la frase de Santayana: “Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”.
Un saludo.
Julián Simón Calero, ingeniero aeronáutico.