Santiago.- “Las críticas al colectivo de controladores aéreos fueron la excusa que el Gobierno necesitaba para militarizarnos”, dice Susana Romero, portavoz nacional de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca), con ocasión del tercer aniversario del decreto del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que cerró el espacio aéreo español.
En una entrevista publicada en el noticiario del aeropuerto de Santiago de Compostela, la portavoz de Usca añade: “Fue un aviso al resto de la población. Hoy podemos ver cómo derechos adquiridos durante años y años de negociaciones por parte de diferentes colectivos profesionales desaparecen de la noche a la mañana y cómo cuestiones básicas del llamado “Estado de Bienestar” son tildadas de privilegios, incluso para colectivos de trabajadores cuyo salario es poco más del mínimo interprofesional. Todo estaba perfectamente orquestado desde hacía tiempo: Mientras en Usca actuábamos honestamente en el marco de negociación de un nuevo convenio colectivo, Aena empleaba el juego sucio contra nosotros: su plan ya estaba en marcha”.
“El Estado español, con los impuestos de todos, había contratado a la consultora norteamericana Mckinsey, experta en la destrucción de sindicatos, que recibe el encargo de realizar el plan que el Gobierno ha estado siguiendo paso a paso. Esa consultora es la misma que llevó a suicidarse a trabajadores de France Télécom y ayudó a la privatización de Renfe, entre otras empresas. Utilizaron expertos en técnicas para reventar cualquier intento de negociación colectiva. Día a día veíamos cómo nuestras condiciones laborales eran modificadas mediante leyes, reales decretos, decretos ley, cómo se nos imponían turnos abusivos o se negaban derechos (reducciones de jornada por guardia legal, cambios unilaterales de vacaciones, etc)”, agrega Susana Romero.
Y concluye: “Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, nada dijeron cuando se estaba persiguiendo a compañeros sindicalistas. Sólo tuvimos el apoyo de sindicatos críticos como CGT o CIG, que denunciaron la situación a la que se estaba sometiendo a nuestro colectivo. Después de tres años, todavía me sorprende el silencio mayoritario de la sociedad a algo tan anormal, dentro de un Estado de Derecho, como la militarización de un colectivo profesional civil y el decreto de estado de alarma por parte del Gobierno español. Muy pocas voces denunciaron la ilegalidad e inconstitucionalidad del estado de alarma. La mayoría aplaudió lo que estaba ocurriendo”.