Madrid.- La futura Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto conocerá posiblemente el viernes el Gobierno en Consejo de Ministros, prevé sancionar por primera vez hasta con 3.000 euros, como faltas muy graves, las protestas en infraestructuras críticas como los aeropuertos.
El ministro del Interior, Jorge Fernández, avanzó ayer las líneas fundamentales del anteproyecto cuya necesidad viene motivada por la nueva reforma del Código Penal, que convierte en delitos algunas faltas y deja fuera del mismo conductas que hasta ahora tenían rango penal de falta y pasan a considerarse faltas administrativas necesitadas de sanción.
Las multas serán impuestas por las delegaciones del Gobierno y podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
En el borrador de la futura ley orgánica que consta de 55 artículos, se tipifican y sancionan económicamente conductas reprobables como el deslumbramiento con punteros láser a pilotos de aviones, hechos denunciados reiteradamente por estos profesionales.
