Bruselas.- La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre los acuerdos comerciales celebrados entre autoridades públicas y compañías aéreas que utilizan los aeropuertos de Gerona-Costa Brava y Reus y a los propios aeropuertos para ver si se atienen a las normas sobre ayudas estatales de la UE.
La investigación parte de la denuncia recibida en mayo del pasado año por una compañía aérea que opera en el aeropuerto de Barcelona-El Prat en relación con los acuerdos de comercialización que se aplican a las operaciones de Ryanair en los cercanos aeropuertos de Gerona y Reus. El denunciante alega que los acuerdos suponen una ayuda estatal ilegal en favor de la compañía irlandesa de bajo coste. No obstante, la Comisión va a investigar a todas las compañías aéreas que han firmado acuerdos similares con los poderes públicos para los aeropuertos de Gerona y Reus.
Los acuerdos se refieren a la publicidad de las regiones afectadas y contienen diversas condiciones relativas a la presencia y escala de las operaciones de las líneas aéreas en los dos aeropuertos.
En la investigación, la Comisión comprobará también si los propios aeropuertos de Gerona y Reus se podrían beneficiar indirectamente de los acuerdos de comercialización, dado que dichos acuerdos podrían aliviar la carga sobre los aeropuertos de costes que de otro modo deberían soportar normalmente para el desarrollo de sus actividades.
Ateniéndose a la información de que dispone, la Comisión no puede descartar que los acuerdos de comercialización otorguen a las compañías aéreas o a los aeropuertos implicados una ventaja indebida respecto de sus competidores ni que, por lo tanto, sean incompatibles con el mercado interior.
La Comisión considera que no implica ayuda estatal la intervención pública en empresas que realizan actividades económicas si se lleva a cabo en términos que podría asumir un inversor privado que operara en condiciones de mercado (principio del inversor en una economía de mercado, PIEM). Si no se respeta el PIEM, la intervención pública constituye ayuda estatal con arreglo a las normas de la UE, ya que confiere una ventaja económica al beneficiario que no tienen sus competidores. A continuación, la Comisión procede a evaluar si la ayuda puede ser considerada compatible con las normas comunes de la UE que permiten determinadas categorías de ayuda.
