Madrid.- El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE), en plena crisis -económica y de su Junta Directiva-, pagó 1,5 millones como mínimo para mantener durante tres años a un decano declarado ilegal por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), según estimaciones que algunos colegiados han hecho llegar a este diario.
Esta tarde se reúne la Junta General ordinaria del COIAE para, además de aprobar -si procede- las cuentas y la memoria de 2012 y el presupuesto de 2013, conocer un “Informe de asuntos judiciales”, según consta en el orden del día de la convocatoria.
Las cuentas del pasado año han resultado deficitarias en algo más de 92.000 euros, debido fundamentalmente a la crisis económica, que ha reducido las obras de infraestructuras, especialmente aeroportuarias, y a la eliminación por ley de la obligatoriedad de los visados, según reconoce el auditor. De hecho, los ingresos por este capítulo en el COIAE se han reducido casi a la mitad respecto al año anterior, que ya habían acusado una sensible merma, según las cuentas dadas a conocer a los colegiados.
Así las cosas, el informe de auditoría de las cuentas de 2012, además de lamentar la ausencia en el COIAE de algunas actas de la Junta Directiva del año 2009, concluye: “Independientemente de las medidas adoptadas por la Junta Directiva del Colegio o que se pudieran adoptar, la situación es indicativa de una incertidumbre sobre la capacidad del Colegio para continuar su actividad de forma que pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en las cuentas anuales abreviadas adjuntas que han sido preparadas asumiendo que la actividad continuará”.
El pesimismo del auditor reflejado en su informe es compartido por no pocos colegiados y algunos miembros de la Directiva que no ven otro remedio que vender o alquilar la actual sede oficial del Colegio, en la madrileña calle de Francisco Silvela, y volver a la reducida habitación que dejaron hace 25 años en el palacete del Instituto de la Ingeniería de España (IIE) a que les da derecho su pertenencia como Asociación de Ingenieros Aeronáuticos.
Y, sin embargo, en medio de esa precariedad de recursos y a pesar de la grave situación económica, según denuncian algunos de estos colegiados, el COIAE “despilfarró más de un millón y medio de euros en los tres años en que estuvieron de forma ilegal Antonio Martín Carrillo como decano y sus compañeros de Directiva a quienes nadie les ha reclamado nada”. Tales colegiados descontentos, según dijeron, tratarán esta tarde de conocer la situación real del Colegio a raíz de la reciente sentencia del TSJM y exigir las responsabilidades que en derecho correspondan después de seis años de presunta situación de ilegalidad como consecuencia de la toma de la sede colegial por parte del cesado decano y la actuación ilegítima de éste durante más de tres años detentando un cargo y funciones que no le correspondían, tal como se ha pronunciado la Justicia.
Sólo a la empresa de seguridad contratada por el ilegítimo decano se pagaron casi medio millón de euros para defender la ocupación ilegal de la sede colegial. Agentes de seguridad custodiaron la entrada del COIAE desde el 24 de enero de 2007, cuando Martín Carrillo cesado cautelarmente por su Junta Directiva el 11 de diciembre anterior y ratificado en su cese definitivamente por la Junta General el 24 de enero, durante la celebración de la misma, cambió las cerraduras de las puertas y puso el plantón de seguridad H24 para impedir el acceso de los seis miembros legítimos de la Junta Directiva que instaron su cese. Sin olvidar, por supuesto, los más de 10.000 euros pagados a la polémica agencia de detectives Método 3, por diversos informes ahora sometidos a investigación judicial y bajo amenaza de procesamiento.
A ello hay que sumar el contrato del defensor legal de Martín Carrillo como abogado del COIAE, además de las minutas jurídicas y de procurador por los numerosos pleitos ocasionados y las facturas de otros despachos jurídicos (Uría & Menéndez, Garrido Falla & Gálvez, Cremades & Calvo Sotelo, entre otros, según figura en los informes de auditorías correspondientes a esos años). A lo que hay que agregar las multas impuestas por el Ministerio de Industria y la Agencia de Protección de Datos, que suman unos 13.000 euros y que, según sentencia firme de la Audiencia Nacional, no correspondía pagar al COIAE, sino a sus responsables perfectamente individualizados e identificados.
“Otro capítulo importante es el de las indemnizaciones millonarias a secretarias por baja voluntaria u otras por sentencia condenatoria por incumplimiento de contratos o los múltiples contratos laborales y civiles onerosísimos, cuando no absolutamente antirreglamentarios, como el indefinido del último secretario del COIAE y otros, así como el de “Comunicación Visual”, sin olvidarnos de aquel estrafalario contrato para los desayunos con periodistas en el Palace. A todo lo cual habría que añadir el caso aún pendiente del secretario del COIAE al que le fue indebidamente negado el acceso a la sede el 24 de enero de 2007 y cuya reclamación vía judicial podría ser muy elevada”, señalaron los colegiados denunciantes.
Otra cuenta no menos despreciable es la de los viajes al extranjero: China, EE UU, Latinoamérica y Europa, algunos de ellos con familiares incluidos. A ello habría que sumar algunas comidas siderales, por lo elevado de la factura -6.769,89 euros, según la auditoría- y la altura del edificio donde se celebró -Torre Espacio-, amén de la alegría en la contratación de conciertos musicales que organizaba la propia mujer del cesado decano y en cuyos programas “se incluían sistemáticamente obras compuestas por ella, por lo que naturalmente cobraba los correspondientes derechos de autor”, según denunció un miembro de la Directiva entre 2007 y 2010.
Según esas cuentas y los cálculos de los colegiados informantes, la suma de los pagos del COIAE en plena crisis económica para mantener al ilegítimo decano sobrepasaron el millón y medio de euros, es decir, más del doble que el presupuesto para el presente año que hoy se somete a aprobación de la Junta General. Algunos colegiados piensan esta tarde exigir las responsabilidades que correspondan por estos hechos, según indicaron a este diario.
