Madrid.- Miembros de la Junta Directiva que cesó al decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos (COIAE) y a los que acaba de dar la razón el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), exigen la reparación y restitución de sus cargos, así como las responsabilidades que en derecho corresponden.
En carta dirigida al COIAE, estos colegiados que ilegítimamente fueron apartados por la fuerza de sus cargos, impedidos en el ejercicio de sus legítimos derechos como miembros de la Junta Directiva desde enero de 2007, prohibiéndoles el acceso a la sede colegial y algunos incluso expulsados del Colegio, reivindican sus derechos “vilmente atropellados” hace seis años por Antonio Martín Carrillo, a quien la Justicia acaba de declarar en sentencia firme ilegítimo decano, que fue cesado conforme a derecho y durante más de tres años se mantuvo aferrado al cargo en contra de las resoluciones judiciales, según explican en su carta.
“Exigimos del Colegio no sólo el restablecimiento de la legalidad sancionada por sentencia firme, sino la reparación y restitución de todos nuestros cargos y derechos tan vilmente atropellados desde hace seis años y los de la propia Junta General, así como que esta misma Junta General en nombre del COIAE exija las responsabilidades que en derecho corresponden para que no queden impunes las conductas y hechos reprobables, condenados por las distintas resoluciones judiciales, especialmente, como se infiere de la reciente sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De lo contrario, podría entenderse no sólo como una inexplicable y perseguible pasividad, incluso complicidad, sino hasta como una injustificada e injustificable traición a la Junta Directiva y a la Junta General confirmadas y revalidadas ahora por la Justicia y, en definitiva, al propio Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España”, dice la carta.
En consecuencia, sigue la carta, “les manifestamos que a partir de la fecha de comunicación de la declaración de firmeza de la citada sentencia -28 de enero de 2013- no deben tomar decisiones trascendentes para el COIAE ni realizar gastos, aparte de los del normal funcionamiento administrativo de la sede social, sin conocimiento y conformidad con los miembros legítimos de la Junta Directiva así reconocidos en la mencionada resolución judicial del TSJM. Asímismo, una vez repuestos en sus cargos dichos miembros, creemos que una Junta General convocada al efecto con carácter extraordinario debe poner claridad sobre lo ocurrido en estos seis años en la vida del Colegio, validando o invalidando, a la luz de la sentencia mencionada, los actos producidos desde el cese del decano, revisando los actos económicos y administrativos ocurridos, restaurar y reparar los daños ocasionados a las víctimas y exigir todas las responsabilidades que en derecho correspondan para poner por fin el contador de la actividad litigiosa a cero y reemprender la vida colegial en la legalidad con normalidad”.
“Para todo ello consideramos necesario abordar y solucionar estos temas a la mayor brevedad, procurando que el daño externo sea mínimo, pero sin pretender pasar por alto la gravedad de lo ocurrido durante estos años y sus perniciosas consecuencias para el Colegio y para los miembros de la Junta Directiva ilegítimamente expoliados y escarnecidos en su día”, concluye la carta.
