Madrid.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por una diligencia de ordenación, acordó el pasado 25 de enero declarar firme la sentencia 1631/2012 por la que confirmó el cese de Antonio Martín Carrillo como decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE), apartado del cargo hace seis años acusado de corrupción.
La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM dictada el pasado 7 de diciembre y que publicó este diario establece que el entonces decano, cesado cautelarmente por la mayoría de su Junta Directiva el 11 de diciembre de 2006 y destituido definitivamente por la Junta General del COIAE al mes siguiente, fue desposeído de su cargo conforme a Derecho y, en consecuencia, desde aquel momento dejó de ser decano y fue sustituido legítimamente como tal por el hasta entonces vicedecano, Julián Simón Calero.
La nueva diligencia del TSJM, que declara firme dicha sentencia, fue notificada a las partes el pasado 28 de enero y en ella se da cuenta de la remisión al COIAE del expediente administrativo iniciado con el recurso, formulado reiteradamente por el decano cesado contra su cese y desestimado insistentemente por las distintas instancias jurisdiccionales.
Con la firmeza de esta sentencia, a decir de algunos colegiados y juristas, “se abre el panorama colegial a unas consecuencias imprevisibles, puesto que todas las actuaciones, disposiciones, elecciones y convocatorias emanadas de un decano ilegítimo y de unas Juntas Directivas igualmente ilegítimas fueron acciones de hecho -que no de derecho-, viciadas en su raíz por un acto de fuerza ilegal a todas luces, como se desprende de la presente resolución judicial. Es decir, que el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos ha podido hallarse durante todos estos años al margen de la Ley, si no ya en la ilegalidad”.
De hecho, diversos despachos de abogados de Madrid estudian en estos días las diferentes acciones judiciales a emprender contra el cesado decano y otros por las responsabilidades penales, civiles, laborales y administrativas en que pudieran haber incurrido durante los años en que aquél detentó el cargo indebidamente secundado por sus más próximos.
Según ha podido saber este diario, prestigiosos catedráticos de Derecho de diferentes especialidades evalúan en estos momentos los daños y perjuicios económicos, morales y de todo tipo que el propio COIAE, los miembros de la Junta Directiva que cesó a Martín Carrillo y otros colegiados afectados, así como terceros, todos ellos perjudicados por la disposición de fondos, pagos indebidos efectuados por la Corporación e imputables exclusivamente a individuos concretos, contrataciones ilegales o rescisiones arbitrarias de contratos, etc., para reclamar las indemnizaciones que se estimaran pertinentes.
Asímismo, se han reactivado las querellas en materia penal que fueron sobreseídas provisionalmente condicionadas a la resolución definitiva que adoptara el TSJM sobre el cese del decano hace más de seis años y que ya han quedado resueltas. Ahora se ampliarán las mismas en cuanto a la tipificación de presuntos delitos posteriormente conocidos y la señalización de sus supuestos autores y cómplices, según manifestaron a este diario las fuentes jurídicas consultadas.
El COIAE representado por «esta Junta Directiva que actúa en nombre y representación del mismo» -como señala la sentencia del TSJM y a la que éste acaba de refrendar-, esta directiva que fue la que cesó a Martín Carrillo, está decidida a reclamar al decano cesado y a otros en nombre de la Corporación todas las responsabilidades pecuniarias y de cualquier otro tipo exigibles por sus actuaciones durante los más de tres años de gestión irregular detentando un cargo del que había sido legítimamente desposeído. Para ello sacará incluso de los cajones las olvidadas auditorías de esos años.
La propia Junta Directiva que cesó a su decano y que, según el TSJM representa legítimamente al COIAE, recuerda que, “a pesar de que un juez denegó a Martín Carrillo su solicitud de anular cautelarmente su cese, éste acompañado de otros, tomó por la fuerza la sede colegial y se mantuvo en ella ocupando y ejerciendo arbitraria e ilegítimamente un cargo del que había sido destituido con arreglo a Derecho”, según manifestaron a este diario algunos de sus miembros.